Se debate un posible decreto para cancelar la residencia o impedir el ingreso a extranjeros con discursos de odio contra Argentina, enmarcado en la estrategia comunicacional del gobierno.
Analistas consideran que la medida, aunque probablemente judicializada y declarada inconstitucional, busca capitalizar una narrativa de campaña electoral y apela a un sentimiento transversal de la sociedad respecto a la expulsión de delincuentes.
Se discute la ambigüedad del concepto "discurso de odio" y su aplicación en la ley migratoria, así como la diferencia entre patriotismo y nacionalismo exacerbado, y se cuestiona si la medida se alinea con los principios de un país receptor de inmigrantes.