Se califica como "francamente inconstitucional" el accionar del gobierno de Javier Milei, argumentando que suprime la división de poderes y legisla por sobre la Constitución Nacional. Se advierte sobre una "degradación institucional" y una burla a la supremacía constitucional.
Se destaca la preocupación de organizaciones como el CELS, a través de Lucía Galopo, sobre la peligrosidad de enfocar la política migratoria en la persecución de extranjeros, en lugar de abordar las causas estructurales de la migración y la integración.