España ha lanzado un nuevo plan de regularización para migrantes indocumentados, al que se han inscrito cerca de 43.000 personas en los primeros tres días. El gobierno estima que el programa podría regularizar a medio millón de personas.
Los partidarios del plan argumentan la necesidad económica y la justicia social, mientras que los detractores expresan preocupación por los servicios públicos y la identidad nacional. España ya acoge a 10 millones de personas nacidas en el extranjero, quienes desempeñan roles esenciales en la agricultura, turismo y cuidado de mayores. La regularización formaliza su contribución al Estado y les garantiza acceso a sanidad y protecciones laborales.
El programa reduce el requisito de residencia de dos o tres años a solo cinco meses consecutivos, ofreciendo un permiso de residencia renovable de un año, pero no la ciudadanía plena ni el derecho a voto. Personas con antecedentes penales no son elegibles.