España ha iniciado un plan de regularización migratoria que podría conceder la residencia a medio millón de personas, reduciendo el requisito de permanencia de dos a cinco meses. Este programa ha generado un intenso debate público, con partidarios que argumentan la necesidad económica y la justicia social, y detractores preocupados por los servicios públicos y la identidad nacional.
La medida ha provocado malestar en Bruselas, ya que un permiso de residencia español funciona como un pasaporte Schengen, permitiendo viajar libremente por Europa. Existe la preocupación de que esto pueda incentivar la migración irregular y socavar las políticas europeas al respecto.
El informe de "Europe Today" analiza los hechos, destacando que España ya acoge a 10 millones de extranjeros, quienes son una parte fundamental de la mano de obra en sectores como la agricultura, el turismo y el cuidado doméstico. La regularización formaliza esta contribución y garantiza el acceso a servicios de sanidad y protecciones laborales.