Se discute la rigidez de las reglas fiscales propuestas, contrastándolas con el concepto de balance estructural que permite mayor gasto en tiempos de recesión. El proyecto actual parece no considerar el ciclo económico para determinar el déficit.
Se aclara que, en caso de aplicarse el "shutdown" (paralización de actividades no esenciales del Estado), los servicios esenciales como jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, salud, seguridad, defensa nacional y servicio penitenciario quedarán exceptuados y seguirán funcionando. El presidente Milei ha indicado que se mantendrán estos servicios hasta que el Congreso alcance un acuerdo.
Se menciona la intención de invitar a las provincias a adherir al régimen, buscando que los gobernadores den el ejemplo de responsabilidad fiscal y asuman el costo político en lugar de la sociedad. Se anticipa que los gobernadores serán clave para lograr acuerdos en el Congreso, especialmente en relación con el presupuesto.