El Ministerio del Interior de España había preparado la habilitación de un Centro de Atención Temporal a Emigrantes (CATE) en Ceuta para facilitar la documentación, reseña y triaje de los inmigrantes irregulares. El objetivo era agilizar las repatriaciones y expulsiones a los países de origen.
Esta medida se tomó en respuesta a un repunte de llegadas de migración irregular a la ciudad autónoma, posterior al conocimiento de una sentencia judicial que generó controversia.