El gobierno de Javier Milei implementa nuevas medidas restrictivas para inmigrantes, que incluyen la posible cancelación de residencias y la orden de abandonar el país. Estas políticas, calificadas por algunos como "humo" y una forma de reforzar el nacionalismo, buscan endurecer el control fronterizo y definir qué se considera "mensaje de odio".
La letra chica de estas nuevas disposiciones genera debate, ya que existen leyes previas para regular la inmigración y prevenir discursos de odio. La medida podría derivar en la expulsión de extranjeros que no cumplan con los requisitos, generando incertidumbre sobre su aplicación y alcance real.