Se argumenta que la corrupción, según dictámenes de la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, constituye un delito de lesa humanidad y una violación de los derechos humanos fundamentales.
Se cuestiona la legitimidad de Cristina Fernández de Kirchner al recurrir a la ONU para reclamar por sus derechos humanos, cuando los actos de corrupción que se le imputan, según este organismo, vulneran los derechos de los ciudadanos, especialmente los más vulnerables.
Se destaca la paradoja de que una persona condenada por corrupción busque amparo en un organismo internacional que precisamente condena este tipo de actos como una grave violación de los derechos humanos.