El Colegio Público de la Abogacía expresa preocupación por la falta de integración completa de la Corte Suprema y critica la modificación del decreto que regulaba la selección de magistrados.
Se defiende la necesidad de incluir mujeres en la Corte y se cuestiona la exclusión de la participación ciudadana en la elección de los magistrados, argumentando que esto enriquece el proceso.