Se planteó la necesidad de que los procesos de selección de jueces sean transparentes y ágiles para garantizar la independencia judicial. Se contrastó la actuación de los jueces con la de los abogados, señalando que los primeros tienden a ser más corporativos en defensa de sus colegas ante sanciones disciplinarias.
En cambio, el Colegio Público de la Abogacía cuenta con un tribunal de disciplina que actúa de manera rápida y eficiente en casos de faltas éticas de abogados, llegando incluso a la suspensión o exclusión de la matrícula. Se destacó la importancia de este control para garantizar la idoneidad y ética profesional.