En 2018, una reforma al Instituto de Seguridad Social en Nicaragua desencadenó protestas masivas que derivaron en un rechazo generalizado al gobierno sandinista. La respuesta de la administración de Ortega fue una fuerte represión, que dejó un saldo de al menos 300 muertos.
Este evento se suma a arrestos de precandidatos opositores previos a las elecciones de 2021, en las que Ortega obtuvo la reelección. Los expertos en derechos humanos han documentado la privación de nacionalidad a cientos de nicaragüenses y el exilio forzado de periodistas, evidenciando un patrón de represión sistemática.