Lucía Galopo, del CELS, expresa preocupación por el peligro de la discrecionalidad estatal en la aplicación del nuevo régimen migratorio. Se cuestiona quién determinará qué constituye un "discurso de odio" o una diferencia ideológica, y cuáles discursos ameritarían la expulsión de un extranjero.
La falta de claridad en el DNU deja "mucho margen de discrecionalidad", lo que podría derivar en controles sobre la libertad de expresión y la disidencia política. Se advierte que esta medida, inicialmente dirigida a extranjeros, podría extenderse a ciudadanos argentinos.