Se analiza el DNU de Javier Milei que prohíbe el ingreso de extranjeros que injurien al país, generando consenso en varios sectores, a excepción del kirchnerismo. Se cuestiona la constitucionalidad del decreto por considerarse que no existe una necesidad y urgencia real para obviar al Congreso.
Se debate si la facultad migratoria debe enfocarse en perseguir delitos y organizaciones criminales en lugar de juzgar opiniones. Se compara la situación con Estados Unidos, donde quemar la bandera no es delito, y se critica la arbitrariedad de definir qué constituye un "mensaje de odio".
Se menciona que el decreto se alinea con un sentimiento generalizado de rechazo a campañas anti-argentinas y se cuestiona si los extranjeros que reciben beneficios educativos y de salud gratuitos deben poder insultar al país. Se hace referencia a un debate previo con Débora Pláger, quien comparó la medida con la creación de una "gestapo de la opinión pública".