Se discute la ley de modernización laboral que busca establecer la educación como servicio esencial, garantizando una cobertura mínima del 75% durante medidas de acción directa. La norma también prevé sanciones legales para las entidades sindicales en caso de incumplimiento.
La Secretaria de Trabajo, Sandra Petovelo, advierte que el incumplimiento de esta ley por parte de los sindicatos docentes podría acarrear sanciones, incluyendo la posible quita de la personería gremial. Esto se da en el marco de paros en los tres niveles educativos (jardín, primaria y secundaria).
Se recuerda que el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional protege los derechos individuales y colectivos del trabajo, incluyendo la organización sindical libre y el derecho de huelga. Sin embargo, se enfatiza que ninguna ley puede estar por encima de la Constitución.
En contraste con la normativa, testimonios de docentes reflejan una realidad económica crítica, con salarios que no alcanzan, suba de precios y un sentimiento de desamparo. Se menciona la preocupación por la alimentación de los niños en edad escolar y la recurrencia a créditos o privaciones para subsistir, describiendo el sistema actual como "esclavista".
Se concluye que la realidad económica de la mayoría de los argentinos contradice los discursos oficiales, y que ninguna ley puede vulnerar los derechos constitucionales garantizados por la Constitución Nacional, por la cual juraron las autoridades.