Se afirmó que el nuevo régimen migratorio es inconstitucional, ya que viola el preámbulo y el artículo 14 de la Constitución Nacional, que garantizan la libertad de expresión y manifestación.
Expertos como Eduardo Barcesat y Lucía Galopo del CELS advirtieron sobre la peligrosidad de la discrecionalidad del Estado para determinar qué constituye un "discurso de odio" y la posibilidad de que la medida se extienda a la persecución de la disidencia política.
Se señaló que el presidente Javier Milei podría ser el primer afectado por esta medida, dado su discurso crítico hacia diversos sectores de la sociedad argentina.