El DNU sobre régimen migratorio es considerado inconstitucional por expertos como Eduardo Barcesat. Se argumenta que viola el preámbulo y el artículo 14 de la Constitución Nacional, que garantizan la libertad de expresión y el derecho a manifestarse sin censura previa.
Se califica la medida como un "paso más en la degradación institucional", una burla a la supremacía de la Constitución. Cualquier amparo judicial podría dejar sin efecto el decreto, pero su existencia ya representa un avance sobre los derechos fundamentales.