El gobierno argentino ha implementado una agenda anti-inmigrantes a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), buscando expulsar y retirar residencias a extranjeros que critiquen al país. Esta medida, comparada con políticas de Donald Trump, es vista como una "cortina de humo" para desviar la atención de otros problemas.
La implementación del DNU genera dudas técnicas y legales, especialmente sobre cómo se determinará qué constituye un "discurso de odio" o una crítica al gobierno. Se critica la falta de claridad y la discrecionalidad que otorga al Estado, lo que podría limitar la libertad de expresión y la disidencia política.
Se menciona que esta medida llega tarde en respuesta a campañas anti-argentinas y tras un conflicto del presidente con Lula da Silva sobre el financiamiento de dichas campañas.