Se planteó una comparación entre la situación de Manuel Adorni y la de Martín Insaurralde, sugiriendo que ambos casos responden más a crisis políticas que judiciales. Se señaló que la destitución de Insaurralde, tras ser descubierto en Marbella, fue una decisión política ante un escándalo de gran magnitud.
Se argumentó que, si bien la justicia debe actuar, la política tiene la responsabilidad de tomar decisiones ante situaciones que afectan la imagen y la confianza pública. Se mencionó que en el caso de Insaurralde, la gravedad radicaba en el ocultamiento de su paradero y el uso de recursos públicos, lo que ameritaba una respuesta política inmediata.