El lobby agrícola en Brasil ejerce una fuerte influencia sobre las decisiones políticas, frenando la implementación de medidas ambientales efectivas. A pesar de que las autoridades conocen la gravedad de la deforestación y la minería ilegal, la mayoría de los diputados defienden los intereses del sector agrícola, priorizando la rentabilidad sobre la protección de los recursos naturales y los derechos indígenas.
Las multas impuestas por organismos ambientales como el ICMBio y el IBAMA a menudo no se pagan, y las máquinas de los infractores son quemadas, afectando la vida de muchas personas. El discurso oficial, sin embargo, a veces señala a los agricultores como chivos expiatorios de los problemas ambientales, mientras se relajan las leyes ambientales.