Un grupo de expertos en derechos humanos ha reportado la privación de nacionalidad a al menos 450 nicaragüenses, incluyendo líderes políticos, empresarios y religiosos. Cientos de periodistas también se han visto obligados a exiliarse.
Estos hechos demuestran una "consolidación de la impunidad" y una "carta abierta" para cometer crímenes de lesa humanidad. El régimen actual no muestra voluntad política para iniciar procesos de justicia y verdad, perpetuando un ciclo de represión.