Un comité de expertos de la ONU calificó de arbitraria la detención del expresidente peruano Pedro Castillo, aumentando la presión para su excarcelación. Castillo fue detenido en diciembre de 2022 tras intentar disolver el Congreso, lo que fue considerado un intento fallido de golpe de estado.
A pesar de la condena a 11 años y 5 meses de prisión por conspiración para la rebelión, sectores locales e internacionales apoyan su liberación, argumentando que sus acciones no constituyeron delito de rebelión y que su detención contraviene derechos humanos fundamentales.
Por otro lado, partidos mayoritarios en el Congreso y la presidenta electa Keiko Fujimori respaldan la detención, sosteniendo que Castillo intentó romper el orden democrático.