El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, presentó un proyecto de reforma constitucional que busca extender el mandato presidencial de seis a siete años y habilitar su prórroga, además de inhabilitar a opositores acusándolos de "traidores a la patria". La iniciativa, que se espera sea aprobada en septiembre, apunta a consolidar un sistema de partido único y controlar la selección de funcionarios públicos.
Analistas describen el proceso como una radicalización del autoritarismo, con leyes represivas que datan desde 2018, incluyendo la remoción de nacionalidad, control de ONGs y la violación de garantías procesales. La reforma busca asegurar la continuidad de la dinastía Ortega-Murillo, ante la falta de legitimidad de Rosario Murillo y la necesidad de garantizar la sucesión.
Internacionalmente, el apoyo a Ortega se ha debilitado. La cooperación financiera y petrolera con Venezuela, que era un sostén importante, ha disminuido drásticamente desde 2014 y cesó con las sanciones de Estados Unidos en 2019. Actualmente, la política social nicaragüense depende en gran medida de las remesas enviadas por los exiliados.
Estados Unidos, a través del secretario de Estado Marco Rubio, ha advertido sobre la amenaza a la estabilidad regional y no descarta endurecer las sanciones económicas. La situación económica de Nicaragua, con un bajo PBI per cápita y alta informalidad, la hace vulnerable a estas presiones internacionales.