El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció que "no volverán a haber elecciones" para evitar que la oposición acceda al poder. Días después, el gobierno presentó una iniciativa de reforma constitucional que extendería el mandato presidencial de seis a siete años y permitiría su prórroga, buscando asegurar "estabilidad en visión, operatividad y continuidad".
La iniciativa también prevé la inhabilitación de opositores bajo la figura de "traidores a la patria". Se espera que la Asamblea Nacional apruebe el proyecto en septiembre, consolidando el control del sandinismo y limitando aún más el espacio democrático en el país centroamericano.