El gobierno de Javier Milei emitió un decreto que endurece los requisitos de ingreso y los mecanismos de expulsión de extranjeros que infrinjan la ley, argumentando la necesidad de controlar la inmigración y fortalecer las fronteras.
Analistas y diputados como Juliana Santillán critican el decreto por considerarlo "papelonesco", "tribunero" y "redundante", ya que las cuestiones que aborda ya estarían tipificadas en el Código Penal. Se cuestiona la practicidad de monitorear millones de redes sociales para impedir el ingreso de personas y se califica la medida de "odisea racista".