Se cuestiona la constitucionalidad del decreto de Javier Milei que prohíbe el ingreso de extranjeros que injurien al país.
Se argumenta que el decreto es inconstitucional porque no existe la "necesidad y urgencia" real para obviar al Congreso en la materia migratoria.
"La facultad migratoria, la autoridad migratoria está para perseguir delitos y para perseguir organizaciones criminales de ninguna manera para poder juzgar la opinión.", se afirma, defendiendo la libertad de expresion. Se recuerda que la Constitucion argentina abre las puertas a todos los inmigrantes.