La corrupción en Perú es un problema estructural, exacerbado por un diseño deficiente del Estado y la descentralización, que desvía recursos destinados al crecimiento y la inversión pública.
A pesar de los discursos contra la corrupción, los gobiernos carecen de planes concretos para combatirla, lo que genera un ciclo de ineficiencia y frivolidad en la política latinoamericana.
La presidenta Keiko Fujimori ha sido enfática en su compromiso de sancionar la corrupción, pero aún no ha precisado un plan de acción detallado para enfrentar este desafío.
La falta de tecnocracia y la prevalencia del amiguismo en el Estado peruano son obstáculos para el desarrollo y la eficiencia gubernamental, requiriendo un cambio profundo en la estructura estatal.