Se critica la modificación de la ley de glaciares, considerándola un retroceso en materia ambiental impulsado por intereses de grandes grupos económicos y extractivistas. Se cuestiona la validez de datos presentados por autoridades gubernamentales sobre el aporte de los glaciares a los ríos, calificándolos de no científicos y especulativos.
Se resalta la importancia de la participación federal y la objetividad en la investigación científica, advirtiendo que las presiones económicas y sociales locales pueden distorsionar las definiciones científicas.
Se valora la defensa de la ciencia por parte de la población y se señala que, aunque el daño ambiental a los glaciares podría ser irreversible, otras cuestiones ambientales pueden ser remediadas, como se ha hecho con la minería de uranio.