Se analiza el decreto 681 de Javier Milei en relación con la política migratoria argentina, considerándolo redundante y de impracticable aplicación. Se cuestiona quién controlará y monitoreará las redes sociales para determinar si un extranjero ha ofendido al país, especialmente cuando el propio presidente ha tenido exabruptos diplomáticos.
Se argumenta que el decreto no aporta nada nuevo a la legislación existente y que su implementación es inviable. Se compara la situación con la soberanía sobre Malvinas, sugiriendo que la defensa de las fronteras argentinas requiere controles efectivos y no meras declaraciones, especialmente ante la posibilidad de desbordes institucionales.