El gobierno argentino ha emitido un decreto para expulsar del país a extranjeros que difundan mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino. La medida, publicada en el Boletín Oficial, busca controlar la discursividad en redes sociales.
La oposición critica la decisión, considerándola una "barbaridad" y una "odisea racista" que se implementa por decreto, argumentando que no existe necesidad ni urgencia para tal medida. Se cuestiona la potestad del gobierno para regular la expresión en redes sociales.
El debate se centra en la libertad de expresión y el rol del Estado en el control de contenidos online, así como en la posible arbitrariedad de las expulsiones basadas en la discursividad en redes sociales.