El gobierno de Javier Milei enfrenta críticas por su política hacia la universidad pública. Tras perder la batalla contra el desfinanciamiento, ahora se enfoca en regular la presencia de estudiantes extranjeros, buscando implementar un arancelamiento.
Se señala una contradicción en la política gubernamental: por un lado, se busca limitar el acceso de extranjeros a la educación pública y, por otro, se fomenta la fuga de cerebros de científicos argentinos formados en el país. Esto último, a pesar de que los posgrados en universidades públicas argentinas son pagos y atraen inversión, y de que la calidad académica es reconocida internacionalmente.
El discurso oficial sobre los extranjeros es visto como una cortina de humo para ocultar problemas económicos y la falta de cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, similar a estrategias de gobiernos anteriores.