El gobierno actual ha recuperado el control de las políticas ambientales en Brasil, revirtiendo las medidas del gobierno anterior de Bolsonaro, que prácticamente eliminó la política ambiental, recortó fondos y desmanteló equipos.
En dos años y medio, se ha aumentado en un 96% el número de inspecciones del IBAMA y del ICMBio, y se han realizado patrullas ambientales conjuntas con la Policía Federal. Estas acciones buscan combatir actividades criminales como el tráfico de drogas, el contrabando de armas y la explotación ilegal de recursos naturales.