El gobierno de Bolsonaro desmanteló la política ambiental en Brasil, recortando fondos y debilitando a organismos como el IBAMA y el ICMBio.
La falta de presupuesto e intimidación impidieron que estas instituciones cumplieran su labor de protección ambiental.
Tras dos años y medio, se ha recuperado el control y aumentado las inspecciones, pero las secuelas de la gestión anterior persisten.