Keiko Fujimori enfrenta el desafío de combatir la inseguridad y la corrupción en Perú, un problema endémico en Latinoamérica sin soluciones claras hasta ahora.
La propuesta de Fujimori de construir cárceles y utilizar militares en labores de seguridad, incluyendo la prevención de llamadas extorsivas desde prisiones, genera debate sobre su efectividad y el respeto a las libertades individuales.
Se resalta la necesidad de una refundación del Estado y la policía, dotándolos de recursos y personal técnico capacitado, para abordar la corrupción estructural que afecta al país.
La herencia del fujimorismo y su pasado autoritario se presentan como un factor a considerar en la percepción pública, aunque se distingue su discurso actual de la derecha radical.