En Brasilia, la política ambiental se ve subordinada a los intereses del lobby agrícola, que prioriza las ganancias económicas sobre la protección de los indígenas y el medio ambiente.
A pesar de las multas impuestas por autoridades ambientales como el ICMBio y el IBAMA, los infractores rara vez pagan las sanciones, lo que demuestra la ineficacia de las leyes y la impunidad de los responsables. La relajación de las leyes ambientales resulta más lucrativa que la protección de las comunidades indígenas.