En Brasil, el lobby agrícola ejerce una fuerte influencia en el Congreso, controlando a más del 60% de los diputados y promoviendo leyes que benefician sus intereses, a menudo en detrimento de las normativas ambientales. Se señala que el crimen organizado, vinculado a la tala ilegal y la fiebre del oro, opera impunemente incluso en áreas protegidas indígenas.
A pesar de la gravedad de la situación y las multas impuestas por autoridades ambientales, los infractores rara vez pagan las sanciones, evidenciando la debilidad del Estado para hacer cumplir la ley frente al poder del lobby agrícola y el crimen.