El gobierno argentino emitió un decreto publicado en el Boletín Oficial que faculta la expulsión del territorio nacional de extranjeros que inciten a mensajes de odio, discriminación y violencia contra ciudadanos argentinos.
La medida ha generado controversia, con críticas que la tildan de "barbaridad" por ser implementada por decreto, argumentando la falta de necesidad y urgencia. Se cuestiona la discrecionalidad para determinar qué constituye un mensaje ofensivo y quién implementará dicha medida, considerando que muchas de estas acciones ya están tipificadas en el Código Penal.