El gobierno de Javier Milei emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que endurece la ley migratoria, permitiendo la expulsión de extranjeros que cometan delitos o "ofendan" al país.
El DNU modifica el artículo 29 de la ley de migraciones, habilitando el rechazo de ingreso y la cancelación de residencia por actos de hostilidad, incitación a la violencia o mensajes de odio contra la República Argentina.
Analistas y juristas cuestionan la constitucionalidad del DNU, argumentando que la vaguedad de los términos "ofensa" o "odio" podría vulnerar la libertad de expresión y que ya existen mecanismos legales para la expulsión de extranjeros que cometan delitos.
Se debate si la medida es una respuesta a una supuesta "campaña anti-argentina" o si se trata de una estrategia demagógica, mientras algunos sostienen que la Argentina debería priorizar a sus propios ciudadanos ante la crisis económica.