Se enfatiza la necesidad de garantizar la provisión de recursos básicos como el agua para las generaciones presentes y futuras, en cumplimiento con la Constitución. Se considera anticonstitucional votar modificaciones que no respetan este principio fundamental.
Se aborda la minería de uranio, reconociendo que su remediación es posible y se ha hecho en Mendoza y Malargüe, aunque implica costos que las empresas a menudo buscan evitar. Por ello, se subraya el rol crucial del Estado en garantizar la remediación ambiental, incluso si las empresas ganan menos.
Se aboga por una minería responsable que priorice el cuidado del medio ambiente y la realización de trabajos de remediación, reconociendo la importancia de estas actividades para la obtención de minerales necesarios para tecnologías como los celulares.