Se cuestiona la validez del juicio a Cristina Kirchner, señalando que ninguno de los imputados estuvo preso.
Se argumenta que el juicio tiene un profundo sesgo político, ya que ni siquiera se imputó al jefe de gabinete, quien ejecuta el presupuesto, ni al ministro de planificación federal, quien fue condenado en la causa.
Se considera "rarísimo" que estas figuras no hayan sido consideradas en el proceso judicial.