Se advierte a los legisladores que voten en contra de la Ley de Tierras que deberán enfrentar el escrutinio de sus electores al regresar a sus provincias. Se menciona el caso de la senadora Carmen Álvarez Rivero, dueña de un shopping en Mendoza, como ejemplo de legisladora con intereses comerciales.
La presión popular se manifestaría en acciones contra los negocios de los legisladores, instándolos a vender sus empresas en lugar de "vender la Argentina". Se compara esta situación con casos anteriores donde políticos fueron interpelados por sus decisiones.