Se debate la tensión entre el derecho a huelga de los docentes y la obligatoriedad de garantizar el 75% del servicio educativo según la ley de modernización laboral. Se argumenta que cerrar las escuelas afecta directamente a los niños, quienes son el eslabón más débil y a menudo dependen del comedor escolar.
Se critica que las decisiones políticas de cerrar escuelas, incluso durante la pandemia, cruzan una línea y que los reclamos gremiales no deberían perjudicar a los trabajadores o a los niños. La ley de reforma laboral, aprobada por el Congreso, rige para todo el país y las provincias tienen la responsabilidad de definir los salarios docentes.