El gobierno nacional inició hoy una fiscalización en escuelas de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero para garantizar el cumplimiento del 75% de presencialidad en el marco del primer paro nacional docente regido por la nueva reforma laboral. La medida, convocada por Ceteras, reclama un aumento salarial inicial de $450.000.
La Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano de Sandra Petovelo, supervisa que los docentes asistan a clases, ya que la educación es considerada un servicio esencial. Aquellos gremios que no cumplan con el mínimo de asistencia serán sancionados económicamente, e incluso podrían perder la personería gremial.
El conflicto se centra en el derecho a huelga, que según los gremios, la reforma laboral ha limitado. Se anticipa un posible recurrimiento a la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En La Matanza, la seccional de Sutecva, liderada por Romina del Pla, convocó a 48 horas de paro, generando expectativas sobre la contundencia de la medida.