Una carta oficial de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires instruye a inspectores y directivos a no colaborar con la Secretaría de Trabajo de la Nación en la verificación del cumplimiento del 75% de asistencia durante el paro docente.
La misiva argumenta que la Nación no puede ejercer facultades de fiscalización sobre materias reservadas a las provincias sin el debido proceso. Esto genera una contradicción, ya que el paro docente reclama al gobierno nacional por los salarios, pero la provincia impide la intervención nacional en las escuelas.