La intervención estatal puede ser efectiva para regular a las grandes empresas tecnológicas, como demostró Brasil al exigir a X ciertas condiciones para operar en su país. La suspensión de la plataforma en Brasil obligó a la empresa a cumplir con las exigencias.
Se critica la falta de acción de algunos Estados que, en lugar de regular, otorgan beneficios a estas empresas. La discusión se centra en la necesidad de que los Estados sean firmes en la exigencia del respeto a los derechos humanos digitales y en la protección de los ciudadanos frente a estas plataformas.