Cristina Kirchner busca impugnar su condena y proscripción electoral ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, presentando argumentos sobre la violación de sus garantías.
Contrató a dos abogados, uno cercano a Lula da Silva y otro español hiperconservador, para argumentar que su condena en la causa por obra pública en Santa Cruz violó sus derechos humanos.
El objetivo es obtener una cautelar que le permita ser candidata, argumentando que la inhabilitación perpetua es inconstitucional y más grave que la pena de prisión.