Se cuestiona la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos en Argentina, considerándola en contradicción con los antecedentes del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Se argumenta que la Corte argentina estaría vulnerando un precedente internacional al aplicar esta medida, lo que habilitaría a ciudadanos a cuestionar la decisión.
Se recuerda que el Comité de Naciones Unidas es el órgano oficial que interpreta el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.