Se afirma que el sistema internacional de derechos humanos forma parte de una construcción democrática y no constituye una injerencia de otros países en Argentina.
Se plantea la pregunta sobre qué debería hacer la justicia argentina si Naciones Unidas dictamina en contra de una condena y la inhabilitación perpetua.
Se menciona que el código de procesos penal federal argentino considera una comunicación individual del comité como causal de revisión criminal.