Se generó un intenso debate sobre la ley de tierras y el rol de los extranjeros en la posesión de campos en Argentina. Mientras algunos argumentan que la extranjerización de tierras representa una pérdida de soberanía y un riesgo para las zonas de frontera, otros sostienen que las restricciones actuales encarecen los costos y limitan la inversión productiva.
La discusión se centró en la ley de tierras de 2011, que establece límites a la propiedad extranjera, como el porcentaje máximo de tierras por provincia y la prohibición de adquirir zonas ribereñas o de frontera. Se planteó la preocupación de que grandes grupos económicos y fondos de inversión concentren la propiedad territorial manejándola desde el exterior, sin tributar adecuadamente en el país.
Por otro lado, se argumentó que las restricciones actuales desalientan la inversión y la generación de empleo. Se mencionó el caso de Botnia y cómo la falta de inversión en ciertas zonas podría haber significado la pérdida de oportunidades económicas para provincias como Corrientes. Se enfatizó que un propietario, sea extranjero o no, está sujeto a las leyes fiscales, previsionales y ambientales argentinas.
La tensión política se hizo evidente con la mención de la posible candidatura de Victoria Villarruel en 2027 y la relación quebrada con el presidente Javier Milei. La ley de tierras, que se debatiría en el Senado, se presenta como un punto clave en esta disputa, con posturas encontradas sobre la necesidad de desregularizar o mantener las restricciones existentes.