Se analiza la retórica del gobierno de Javier Milei sobre el "terrorismo", vinculándola con posibles estrategias para distraer de la crisis económica. Se cuestiona la deportación de personas acusadas de terrorismo, argumentando que deberían ser juzgadas en el país. Se sugiere que esta narrativa busca generar miedo y justificar medidas autoritarias ante el malestar social.
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Denuncian uso de "terrorismo" como distracción ante la crisis económica y el malestar social
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