Se debate la aplicación de la ley que declara la educación como servicio esencial, la cual exige que el 75% de los docentes asistan a trabajar durante un paro. La Provincia de Buenos Aires argumenta que la Nación no tiene jurisdicción para controlar la presencialidad, lo que genera la discusión actual.
Se aclara que los salarios docentes se definen en paritarias provinciales, y se plantea la posibilidad de que una provincia fije un salario mínimo, como podría hacerlo Kicillof.